¿Qué informó Ernesto Alanís Herrera y de qué nos sirve a los duranguenses?

Por Danny Medina

Hay una pregunta que uno debería poder hacer al terminar cualquier informe de gobierno, legislativo o administrativo: «Muy bien, ¿y esto en qué me beneficia?».

No es una pregunta sofisticada. Tampoco exige haber estudiado Derecho Constitucional ni conocer de memoria el reglamento del Congreso. Es, más bien, la pregunta que hace cualquier ciudadano cuando alguien le enseña una cuenta llena de números y espera que uno se impresione.

El diputado plurinominal del PRI, Ernesto Alanís Herrera, presentó su informe y puso sobre la mesa una colección considerable de cifras: siete reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cinco reformas a la Constitución de Durango, 111 reformas a diversas leyes y ocho nuevos ordenamientos. También destacó que la JUGOCOPO atendió a más de mil personas durante su gestión.

Uno escucha todo aquello y casi espera que alguien saque una calculadora para determinar el tamaño exacto del aplauso.

Pero hay un pequeño problema: las cifras legislativas no hablan por sí solas.

Siete reformas constitucionales pueden ser muchísimo. O pueden ser siete reformas que, para el ciudadano que sale temprano de su casa, se sube a un camión, abre un negocio, lleva a sus hijos a la escuela y regresa por la tarde preocupado por pagar la luz, resulten tan lejanas como una discusión sobre los reglamentos internos de una institución que ni siquiera sabe dónde está.

Y ahí es donde un informe legislativo debería hacer un esfuerzo adicional.

Porque reformar una ley no es el resultado final. Es, muchas veces, apenas el comienzo.

Uno puede cambiar un artículo, agregar una fracción, modificar un párrafo y expedir un nuevo ordenamiento. Todo perfectamente legal, perfectamente documentado y perfectamente susceptible de convertirse en un número dentro de una presentación de PowerPoint.

Pero después viene la pregunta que rara vez ocupa el mismo espacio en las diapositivas:

¿Qué cambió?

¿Se resolvió un problema?

¿Se redujo un trámite?

¿Se protegió mejor a alguien?

¿Se ahorró dinero público?

¿Se castigó una conducta que antes quedaba impune?

¿Mejoró algún servicio?

¿O simplemente aumentó el tamaño de la legislación disponible en una biblioteca que casi nadie consulta?

Porque ese es uno de los pequeños trucos de los informes políticos: convertir actividad en resultados.

Y no son lo mismo.

Un diputado puede trabajar muchísimo y producir poco. También puede producir poco papel y conseguir una modificación que tenga efectos importantes. El problema es que los informes suelen premiar lo primero porque es mucho más sencillo de contar.

111 reformas.

Ahí está el número.

Es enorme.

Casi intimida.

Pero sería mucho más interesante saber cuáles fueron las cinco que más cambiaron la vida de los duranguenses y explicar, con datos, por qué.

Eso sí sería rendir cuentas.

Porque al ciudadano no le interesa particularmente que una iniciativa haya pasado por comisión, que haya sido turnada, discutida, dictaminada y finalmente aprobada. Todo eso forma parte del procedimiento legislativo.

Lo que interesa es el después.

El momento en que la ley abandona el papel, sale del recinto legislativo y entra en la vida real.

Ahí es donde empieza el verdadero examen.

El informe que todavía falta

Y hay otra cuestión todavía más incómoda.

Con todo lo que Alanís Herrera presentó ayer, el balance político de su etapa también merece una pregunta. No alcanzó la reelección ni dio el salto a una diputación federal. Eso, por sí mismo, no demuestra que su trabajo legislativo haya sido malo. Las elecciones tienen muchas variables y reducir un resultado político a una sola causa sería tan cómodo como reducir una legislatura a una lista de cifras.

Pero sí permite plantear una pregunta legítima:

Si todo ese trabajo tuvo el impacto que su informe sugiere, ¿por qué no consiguió convertirse en suficiente respaldo político para continuar?

Ahí está la diferencia entre hacer cosas y conseguir que la gente perciba que esas cosas le sirvieron.

Porque una cosa es presumir cuántas reformas se hicieron y otra, bastante distinta, demostrar que esas reformas tuvieron consecuencias concretas más allá del recinto legislativo.

El informe puede llenar páginas.

La urna, en cambio, solamente tiene una pregunta.

Y cuando uno sabe que una etapa está terminando, mira las cosas de otra manera.

Las cifras pesan distinto.

Los discursos suenan distinto.

Hasta los aplausos parecen tener fecha de caducidad.

No se trata de negar que haya trabajo legislativo. Tampoco de afirmar que una reforma carezca de valor simplemente porque un ciudadano no pueda señalarla con el dedo desde la ventanilla de una oficina.

El Congreso tiene una función técnica, constitucional y política que va mucho más allá de lo que ocurre en la calle.

Precisamente por eso el informe debería ser mucho más exigente.

Si se reformaron 111 leyes, expliquemos qué cambió.

Si se expidieron ocho nuevos ordenamientos, expliquemos para qué sirven y qué problema concreto buscaban resolver.

Si se reformaron las constituciones federal y local, expliquemos cuáles fueron las consecuencias y quiénes se beneficiaron de ellas.

Y si más de mil personas fueron atendidas por la JUGOCOPO, sería interesante saber qué problemas llevaron hasta ahí y, sobre todo, cuántos terminaron realmente resueltos.

Porque «atender» es una palabra peligrosamente cómoda.

También se puede atender a alguien y no resolverle absolutamente nada.

Se puede escuchar una petición, tomar nota, canalizarla y despedirse. El ciudadano sale de la oficina con una sonrisa institucional, una promesa de seguimiento y el problema exactamente en el mismo sitio donde lo dejó.

Eso también cuenta como atención en un informe.

Pero difícilmente cuenta como resultado para quien sigue padeciendo el problema.

Ese es el detalle que suele perderse entre los números.

Y mientras tanto, afuera del Congreso, la vida continúa con sus propios indicadores: el precio de las cosas, las calles que se deterioran, los servicios que funcionan o no funcionan, los trámites que desesperan, la inseguridad, el empleo, el transporte, el agua, los impuestos.

Ahí está la verdadera encuesta.

No necesita metodología, empresa demoscópica ni conferencia de prensa.

La gente sabe perfectamente cuándo una decisión pública le cambió la vida.

Y también sabe cuándo no.

Por eso, la pregunta que queda después del informe de Alanís Herrera no debería ser cuántas reformas hizo. Esa respuesta ya la conocemos y, además, aparece perfectamente acomodada en las diapositivas del informe.

La pregunta debería ser mucho más sencilla y, por eso mismo, más incómoda:

¿De todas esas reformas, cuántas puede señalar un duranguense y decir: «Esto me ayudó»?

Porque si después de siete reformas constitucionales, cinco reformas locales, 111 modificaciones legales y ocho nuevos ordenamientos seguimos necesitando que alguien nos explique para qué sirvió todo aquello, quizá el problema no esté en la cantidad de trabajo.

Quizá esté en la manera de medirlo.

O quizá, y esta es la parte que menos gusta en los informes, en la distancia que existe entre legislar y resolver.

Porque una cosa es producir leyes y otra conseguir que esas leyes se traduzcan en mejores servicios, menos obstáculos, mayor seguridad, más oportunidades o una vida cotidiana un poco menos complicada.

Y aquí está el punto que debería incomodar a cualquier legislador, no solamente a Alanís Herrera:

una reforma aprobada no es necesariamente un problema resuelto.

Una iniciativa presentada no es necesariamente una transformación.

Una ley publicada no garantiza que alguien haya mejorado su vida.

Y una cifra alta no necesariamente significa un resultado alto.

Al final, un informe legislativo no debería parecer un inventario de cosas que pasaron dentro del Congreso.

Debería ser una explicación, con resultados comprobables, de lo que cambió afuera.

Porque contar reformas es relativamente sencillo.

Demostrar resultados es otra historia.

Y ahí está el verdadero informe que todavía falta.