El Congreso de Durango que se aplaude a sí mismo

Por Danny Medina

Doña Carmen vende quesadillas frente al Palacio Legislativo desde hace once años, y cuando le pregunto qué opina del cierre del segundo año legislativo me mira como si le hubiera preguntado por la composición química de la luna. “¿Cuál segundo año?”, dice, sin dejar de voltear la masa.

Le explico que el Congreso de Durango presume más de 400 procesos parlamentarios y una agenda de acuerdos. Ella sonríe, no con sorna sino con la resignación de quien ha visto pasar suficientes legislaturas como para saber que los números grandes rara vez bajan a la banqueta. “Aquí lo que sube es el aceite”, contesta, y señala la lata donde fríe. Ese es su índice de gestión: el precio del aceite. El mío, esta mañana, es más modesto todavía: intentar entender qué es exactamente un “proceso parlamentario” y por qué cuatrocientos de ellos deberían hacerme sentir mejor gobernado.

El diputado plurinomnal del PRI Ernesto Alanís Herrera lo dijo con esa cadencia que usan los políticos cuando anuncian balances: el segundo año de la LXVIII Legislatura cierra con más de 400 procesos parlamentarios y una agenda sustentada en acuerdos. Es una frase que funciona como esas etiquetas nutricionales que aseguran “sin azúcares añadidos” sin aclarar si el producto ya venía cargado de fructosa por naturaleza. Suena bien, ocupa espacio en el boletín, y nadie —ni el propio diputado, sospecho— podría explicarle a doña Carmen cuántas de esas iniciativas terminaron en algo que ella pueda tocar, pagar más barato o padecer menos.

Aquí conviene una pequeña digresión, porque toda cifra grande en política mexicana tiene un antepasado ilustre: la “derrama económica” de la Feria, ese concepto elástico que cada año se estira o se encoge según convenga a quien lo pronuncia. Los procesos parlamentarios son primos hermanos de la derrama: ambos existen en un territorio donde la palabra sustituye al dato verificable, donde “cerrar con más de 400” suena a hazaña aunque nadie diga cuántos de esos 400 fueron dictámenes de trámite, cuántos reformas sustanciales, cuántos puntos de acuerdo que exhortan a alguien a hacer algo que ese alguien terminará ignorando con toda cortesía.

El verbo favorito de la política durangueña, como el de tantas otras, es “exhortar”. Se exhorta mucho. Se resuelve poco. Y entre exhorto y exhorto se acumulan expedientes que engordan el marcador de fin de año como quien acumula pasos en el reloj inteligente sin haber salido realmente de casa.

Fui al Congreso —no a las sesiones, que suelen ser un ejercicio de paciencia solo comparable a esperar el camión un domingo de lluvia, sino a los pasillos, donde ocurre lo interesante— y hablé con un asesor legislativo que prefirió no dar su nombre porque, dijo, “aquí todos nos conocemos y luego hay que verse las caras”.

Le pregunté qué significaba una “agenda basada en acuerdos”. Se rió, no de mala gana, con la risa de quien lleva años dentro del mecanismo y ya no se sorprende de nada. “Significa que nadie se pelea en cámara”, resumió. “Eso ya es ganancia, ¿no? Antes se gritaban”. Puede ser. La paz parlamentaria tiene su mérito, sobre todo en un país donde la política a veces se resuelve a balazos y no a votos. Pero la ausencia de pleito no es sinónimo de presencia de resultado, como tampoco un matrimonio silencioso es necesariamente un matrimonio feliz: a veces solo es un matrimonio cansado.

El problema de fondo —y aquí sí hay que ponerse serio un momento, aunque sea breve, porque luego regresamos a doña Carmen— es que Durango necesita saber no cuántos procesos se abrieron sino cuántos se cerraron con efecto real sobre la vida de la gente: agua que llegue, carreteras que no se hundan en la primera tormenta, seguridad que no dependa de que el operativo de la semana salga en la portada. Cuatrocientos procesos parlamentarios sin ese desglose son como contarle a alguien que corriste cuatrocientos kilómetros sin decirle si diste vueltas en el mismo estacionamiento.

El Congreso, como toda institución que necesita justificar su existencia ante un electorado cada vez más ojo avizor, ha aprendido el arte de medir el esfuerzo en vez de medir el resultado. Es más fácil contar sesiones que contar beneficios. Es más fácil decir “agenda de acuerdos” que decir “aquí está la ley de aguas que prometimos hace dos años y que sigue en la congeladora legislativa junto a otras quince iniciativas que nadie se anima a descongelar”.

Vuelvo con doña Carmen porque ahí está, al final, la métrica que de verdad importa. Le pregunto si en estos dos años ha notado algo distinto en su colonia, en su changarro, en su día. Piensa un momento —el tiempo que tarda en voltear una quesadilla— y dice que sí, que hace poco pusieron un poste de luz que llevaba tres años caído. “Ese sí lo vi”, dice, casi como un descubrimiento arqueológico.

Un poste. No sé si ese poste figura entre los 400 procesos parlamentarios o si llegó por una gestión municipal ajena al Congreso, y ella tampoco lo sabe ni le importa: para doña Carmen la política durangueña no se mide en dictámenes sino en postes que antes estaban caídos y ahora están de pie. Es una métrica brutalmente honesta, sin relaciones públicas, sin boletín de prensa. Un poste parado vale más que cuatrocientos procesos en abstracto, porque el poste se ve desde la banqueta y los procesos solo se ven desde la tribuna.

Me despido de ella, que ya tiene fila de clientes y ha dejado de mirarme para atender lo urgente, que es freír, cobrar, dar cambio. Antes de irme le pregunto si va a votar en la próxima elección. Se encoge de hombros sin levantar la vista de la plancha. “Voy a votar por el que me ponga otro poste”, dice, y ríe otra vez, como si acabara de inventar, sin saberlo, la definición más precisa de rendición de cuentas que se ha dicho en Durango en lo que va del año legislativo.