Edward Snowden y la vigilancia que sobrevivió a su propio escándalo

Doce años después de que el excontratista de la NSA destapara el mayor programa de espionaje masivo de la historia reciente, el poder de rastrear a la ciudadanía no ha desaparecido: ha cambiado de manos y ahora reside, sobre todo, en las plataformas tecnológicas

Dos teléfonos móviles dentro de un microondas, en una habitación de hotel en Hong Kong, bastan para entender la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. Quien los guardaba ahí, en 2013, no actuaba por paranoia: sabía exactamente qué puede captar un dispositivo aunque parezca apagado. Edward Snowden, entonces analista subcontratado por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), se disponía a entregar a un grupo de periodistas los documentos que confirmarían una sospecha extendida durante años: que el gobierno estadounidense había levantado, al amparo de la lucha antiterrorista, la infraestructura de vigilancia más amplia jamás desplegada por una democracia occidental.

Una filtración por capas

Las revelaciones no llegaron de golpe, sino en entregas sucesivas que fueron desmontando, pieza a pieza, la versión oficial. La primera destapó que la NSA recopilaba de forma sistemática los metadatos telefónicos de millones de usuarios de Verizon: no las conversaciones en sí, sino algo igualmente sensible, el registro de quién llama a quién, cuándo y desde dónde. Un día más tarde se conoció Prism, el programa que otorgaba a la agencia acceso directo a los servidores de gigantes como Google, Facebook, Apple, Microsoft y Yahoo. La distinción entre vigilar a un sospechoso concreto y vigilar a cualquier usuario de correo electrónico se había borrado sin debate público ni control parlamentario visible.

De empleado modelo a disidente

Snowden no llegó a esa ruptura de un día para otro. Antes de convertirse en el fugitivo más buscado del planeta, fue un joven que superó los filtros de la CIA y creía en las garantías constitucionales que le enseñaron durante su formación, en particular la protección frente a registros sin orden judicial. Esa confianza se resquebrajó cuando descubrió que las autorizaciones para vigilar se tramitaban en tribunales secretos, sin contraparte legal, y que aprobaban casi la totalidad de las solicitudes que recibían. Lo que se presentaba como control judicial funcionaba, en la práctica, como un trámite automático.

El hallazgo que terminó de inclinar la balanza fue el alcance de herramientas como XKeyscore, capaces de mostrar a un analista el correo, el historial de búsquedas y los registros de llamadas de cualquier persona con solo teclear su nombre, sin necesidad de autorización específica. Dentro de la propia agencia circulaba incluso un término coloquial para describir el uso indebido de ese acceso con fines personales, como espiar a una expareja: una práctica que exponía cómo un dispositivo diseñado contra el terrorismo terminó empleado, en el día a día, para la curiosidad impune de sus operadores.

El relevo del Estado a las plataformas

Más de una década después, la pregunta que planteó Snowden sigue vigente, aunque el protagonista ha cambiado. El Estado conserva capacidad de vigilancia —desde 2019, Estados Unidos exige a los solicitantes de visa entregar sus usuarios de redes sociales—, pero el volumen mayor de recolección de datos ya no depende únicamente de agencias gubernamentales, sino de las empresas tecnológicas. Cada aplicación instalada en un teléfono incorpora mecanismos para registrar cuánto tiempo se detiene la mirada en un contenido, en qué instante decae el interés o cuántas veces se repite un video. El cruce de esa información entre distintos servicios permite construir perfiles capaces de anticipar comportamientos antes de que la persona misma los decida.

El caso de Cambridge Analytica, que elaboró perfiles psicológicos de más de ochenta millones de usuarios de Facebook para dirigir publicidad política personalizada durante la campaña presidencial estadounidense de 2016, ilustró hasta dónde puede llegar esa capacidad cuando se orienta a la persuasión electoral. No hace falta interceptar el contenido de un mensaje para influir en una opinión: es suficiente con identificar qué inquietud moviliza a cada usuario y presentarle, en el momento oportuno, el estímulo que la confirme.

Una respuesta institucional limitada

La reacción normativa a las filtraciones de Snowden fue moderada. La Ley de Libertad de Estados Unidos, aprobada en 2015, trasladó la custodia de los registros telefónicos de la NSA a las compañías telefónicas, pero mantuvo en pie el mismo tribunal secreto como mecanismo de autorización. Las grandes tecnológicas, bajo presión pública, sí reforzaron el cifrado de sus servicios de mensajería. El resultado, en conjunto, fue una corrección parcial: se limitaron algunas prácticas, pero la arquitectura de fondo permanece intacta.

Snowden reside desde entonces en Rusia, donde obtuvo asilo político tras permanecer varias semanas retenido en una zona de tránsito del aeropuerto de Moscú, después de que Washington cancelara su pasaporte. Ha declarado en distintas ocasiones que estaría dispuesto a regresar a Estados Unidos si se le garantizara un juicio justo, un escenario que él mismo considera improbable. No pesa sobre él ninguna condena firme por los hechos que motivaron su salida del país, y su situación legal en territorio estadounidense continúa sin resolverse.