53 años de cárcel: la séptima condena contra el exsubsecretario de Egresos de Durango
José Alberto Bustamante Curiel fue sentenciado a cinco años de prisión y al pago de 5 millones de pesos por peculado, luego de que la Fiscalía Anticorrupción acreditara la disposición ilícita de fondos públicos durante su gestión
Un exfuncionario que manejó las cuentas del erario estatal acumula ya 53 años de prisión en su historial judicial. Se trata de José Alberto Bustamante Curiel, quien ocupó la Subsecretaría de Egresos durante la administración estatal 2016-2022, y a quien un tribunal acaba de imponer una séptima sentencia condenatoria por delitos relacionados con el manejo de recursos públicos.
Una condena que se suma a una larga cadena de sentencias
La resolución más reciente, dictada tras un juicio oral, impuso a Bustamante Curiel una pena de cinco años de prisión, una multa equivalente a 370 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y el pago de 5 millones de pesos por reparación del daño causado al erario. Con este fallo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango contabiliza siete condenas distintas contra el mismo exservidor público, cuyo monto acumulado de reparaciones supera ya los 137 millones de pesos.
El origen del caso: cuentas bancarias sin sustento legal
De acuerdo con la investigación, Bustamante Curiel utilizó el acceso que le otorgaba su cargo a la operación de cuentas bancarias del Gobierno del Estado para disponer de manera irregular de 5 millones de pesos. El Ministerio Público Especializado sostuvo, con base en pruebas periciales, documentales y testimoniales, que dicha disposición de recursos careció en todo momento de respaldo legal y administrativo, lo que permitió al tribunal acreditar el delito de peculado.
Una fiscalía que insiste en su estrategia contra la corrupción
La dependencia estatal encargada del combate a la corrupción presentó esta séptima sentencia como parte de una estrategia sostenida para perseguir delitos que afectan el patrimonio público. Con las siete condenas acumuladas, la Fiscalía busca reforzar los mecanismos de rendición de cuentas dentro del gobierno estatal, en un contexto donde los señalamientos contra exfuncionarios de la administración 2016-2022 han derivado en distintos procesos judiciales.
La sentencia, al haber sido emitida por un tribunal, se encuentra sujeta a los recursos legales que la defensa pueda interponer conforme al procedimiento penal correspondiente.