Empresario cannábico acusa al Gobierno de Durango de clausurar ilegalmente su negocio
Alejandro García Estrada, propietario de Happy Monkey, cuestiona el cierre de su establecimiento en Jardines de Durango y reclama al gobernador Esteban Villegas por la falta de resultados en atracción de inversiones.
La clausura de un negocio dedicado a la industria del cáñamo abrió un nuevo frente de confrontación entre un empresario duranguense y el Gobierno del Estado. Alejandro García Estrada, propietario de Happy Monkey, denunció públicamente que las autoridades cerraron su establecimiento en la colonia Jardines de Durango sin respetar, según su versión, sus derechos y las garantías que amparaban su operación.
El empresario, quien también se ha presentado como activista en favor del desarrollo de la industria del cáñamo en México, dirigió parte de sus críticas al gobernador Esteban Villegas y cuestionó las políticas de la administración estatal para atraer nuevas inversiones y generar empleos.
El empresario cuestiona la clausura de Happy Monkey
García Estrada sostuvo que el procedimiento mediante el cual fue clausurado su negocio no se realizó conforme a derecho. En sus declaraciones, responsabilizó de la decisión al gobernador, a la fiscal estatal y a la asesora legal del Gobierno de Durango.
La acusación, sin embargo, corresponde hasta ahora a la versión del propietario del establecimiento. No se ha presentado públicamente, en la información disponible para este caso, una resolución oficial que determine que la clausura fue ilegal.
El conflicto adquiere relevancia porque Happy Monkey se encuentra relacionado con una actividad empresarial que todavía enfrenta distintas restricciones y zonas grises regulatorias en México. La comercialización de productos vinculados con el cannabis y el cáñamo depende del tipo de producto, su composición, el uso que se le atribuya y las autorizaciones aplicables.
Un reclamo que también apunta a la inversión en Durango
Más allá de la clausura, García Estrada convirtió el episodio en un cuestionamiento a la política económica del Gobierno estatal. El empresario reprochó a Villegas las promesas de atraer nuevas industrias y sostuvo que, mientras se anuncian proyectos de inversión para Durango, un negocio desarrollado por un empresario local terminó bajo una medida de cierre.
Su argumento parte de una pregunta que busca colocar en el centro del debate: qué condiciones ofrece el estado para quienes intentan desarrollar nuevas actividades económicas y generar empleos.
El propietario de Happy Monkey afirmó que la industria del cáñamo puede representar una alternativa para diversificar la economía, particularmente por la posibilidad de desarrollar productos industriales y comerciales alrededor de esta planta.
El cáñamo enfrenta un escenario regulatorio complejo
En México, la industria relacionada con el cáñamo y el cannabis ha evolucionado en medio de una regulación que distingue entre diferentes usos y productos. El cáñamo industrial, sus derivados y los artículos que contienen cannabinoides no necesariamente reciben el mismo tratamiento jurídico, por lo que las autorizaciones y requisitos pueden variar.
Esa complejidad vuelve especialmente relevante conocer qué actividad realizaba exactamente el establecimiento, qué productos comercializaba y cuáles eran los permisos con los que contaba al momento de la clausura.
Hasta ahora, esos elementos no han sido detallados públicamente por las autoridades en la información disponible.
La versión oficial será clave para determinar el alcance del conflicto
El Gobierno de Durango no ha informado, en los datos proporcionados para esta nota, cuáles fueron las razones específicas que llevaron a la clausura de Happy Monkey ni qué disposiciones legales fueron utilizadas para ordenar el cierre.
Tampoco se ha establecido públicamente si el establecimiento contaba con todas las autorizaciones necesarias para desarrollar sus actividades.
Por ello, mientras el empresario sostiene que se trató de una clausura ilegal y denuncia una vulneración de sus derechos, corresponde a las autoridades explicar el fundamento jurídico de la medida y, en su caso, precisar las irregularidades que motivaron el procedimiento.
El caso deja así dos asuntos pendientes: determinar si la clausura se ajustó al marco legal y aclarar hasta qué punto Durango está preparado para recibir y regular nuevas actividades económicas vinculadas con la industria del cáñamo.
