Conductores de plataformas en Durango ya pagan a las apps, al SAT y ahora también por empadronarse

Por Danny Medina

¿Cuántas veces debe pagar un conductor de aplicación para trabajar? El nuevo empadronamiento del Gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal

La frase salió casi sin intención, como salen las cosas que mejor explican una realidad. Un conductor de plataforma resumió en pocas palabras lo que para muchos puede convertirse en la parte más incómoda del nuevo empadronamiento: ya les van a cobrar desde el Gobierno de Durango por una actividad por la que las propias plataformas ya les cobran al igual el SAT.

No hizo falta una conferencia de prensa para explicarlo. Tampoco una presentación de PowerPoint con gráficas, flechas y fotografías de automóviles impecablemente limpios. La cuenta, vista desde el asiento del conductor, parece bastante más sencilla.

El conductor ya paga a la plataforma por utilizarla. Cada viaje tiene una comisión, un porcentaje o un mecanismo mediante el cual la empresa obtiene su parte. Después viene la gasolina, que últimamente parece tener vida propia; el mantenimiento, las llantas, los cambios de aceite, las reparaciones, el seguro y la depreciación del automóvil. Porque el coche no se desgasta con discursos, sino con kilómetros.

Y luego están los impuestos.

El conductor también tiene obligaciones ante el SAT. No importa que el dinero llegue a través de una aplicación, que el pasajero pague con tarjeta o que el viaje aparezca mágicamente en la pantalla del teléfono: la actividad económica tiene consecuencias fiscales. Y cuando corresponde por el esquema aplicable, también existen obligaciones relacionadas con el IMSS y la seguridad social.

Es decir, antes de que aparezca el Gobierno estatal de Durango con un nuevo registro, el conductor ya tiene varias manos metidas en el mismo bolsillo.

La cuestión no es defender que las plataformas funcionen sin regulación. Eso sería absurdo. Una persona se sube al automóvil de un desconocido y entrega algo más importante que unos cuantos pesos: su seguridad. La autoridad tiene razones para exigir identificación, documentación, condiciones mínimas del vehículo y mecanismos que permitan saber quién está detrás del volante.

Hasta ahí, nadie debería escandalizarse.

El problema empieza cuando cada nueva capa de regulación llega acompañada de una cuota y el discurso de la seguridad termina convertido en una cuenta que paga, una vez más, el mismo trabajador.

Porque una cosa es regular una actividad y otra es cobrar por regularla.

La diferencia parece pequeña, pero para quien pasa horas manejando no lo es.

El conductor de plataforma no tiene una oficina donde sentarse ocho horas. Su oficina tiene cuatro ruedas. No recibe un automóvil nuevo cada año. No tiene un departamento de mantenimiento que le cambie las llantas. No tiene una caja de gasolina que se llene sola. Y cuando el vehículo está en el taller, no hay aplicación que le pague por quedarse en casa.

Cada peso que sale de su bolsillo tiene que recuperarlo después con viajes.

Por eso la frase adquiere otra dimensión cuando se coloca sobre la mesa completa: ya paga a la plataforma, ya enfrenta obligaciones fiscales ante el SAT, ya absorbe los costos necesarios para mantener funcionando el automóvil y, cuando corresponde, las aportaciones vinculadas con la seguridad social. Ahora también debe cumplir con el empadronamiento y asumir su costo.

La pregunta incómoda aparece sola: ¿cuántas veces tiene que pagar un trabajador para demostrar que tiene derecho a trabajar?

Y todavía hay otra.

¿Qué recibe exactamente a cambio?

Porque si el argumento central es la seguridad, sería razonable explicar con precisión qué mecanismos nuevos tendrá el conductor para sentirse más protegido. Si es el orden, habría que saber cómo se traducirá ese orden en beneficios concretos para quienes pasan buena parte del día circulando por la ciudad. Si es la regulación, entonces habría que explicar qué problema específico resolverá cada peso que se cobre.

De lo contrario, el empadronamiento corre el riesgo de ser percibido no como una herramienta de seguridad, sino como otra ventanilla.

Y en Durango tenemos una relación bastante antigua con las ventanillas.

Uno llega con documentos, firma, paga, recibe un papel y se marcha con la sensación de haber hecho exactamente lo que le pidieron. Después vuelve a trabajar.

El automóvil sigue consumiendo gasolina. La plataforma sigue cobrando su comisión. El SAT sigue esperando sus obligaciones fiscales. Las responsabilidades relacionadas con el IMSS siguen siendo las que correspondan. Y el conductor sigue mirando el teléfono para saber si el siguiente viaje le permitirá recuperar lo que acaba de gastar.

Ese es el detalle que suele perderse cuando se habla de “orden” desde un escritorio.

Para la autoridad, el empadronamiento puede ser un registro.

Para el conductor, puede ser otro costo.

Y quizá ahí esté el verdadero problema de esta historia: nadie está diciendo que las plataformas deban quedar fuera de la ley. Lo que se está preguntando es por qué la solución para poner orden termina pareciéndose tanto a una nueva factura.

Porque el trabajador ya paga por usar la plataforma.

Paga por mantener el automóvil.

Paga los impuestos que le corresponden.

Paga, cuando aplica, las obligaciones de seguridad social.

Y ahora pagará también por estar registrado.

Tal vez por eso aquella frase, dicha sin solemnidad y casi de pasada, terminó siendo más elocuente que toda la conferencia:

Ya nos van a cobrar por lo que ya nos cobra la app.

Y uno sale pensando que quizá el verdadero debate no sea si los conductores deben estar empadronados.

La pregunta es quién está poniendo orden y quién está pagando la cuenta.