Una empresa proveedora del municipio de Nazas, Durango, admitió haber aceptado pagos ilegales por un monto de casi 1 millón de pesos.
Los pagos fueron realizados por el exalcalde del municipio, Luis Fernando Vázquez, quien fue detenido por el delito de peculado.
Mauricia Vaquera García, dueña de la empresa Ferreaceros, fue sentenciada por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, al haber recibido casi un millón de pesos del Gobierno municipal de Nazas, Durango, entre febrero y julio de 2023.
La empresaria es familiar de la actual alcaldesa de Nazas, y se benefició de contratos irregulares con el Ayuntamiento. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción logró acreditar su culpabilidad y le impuso el pago de 928 mil pesos como reparación del daño.
Las investigaciones siguen para determinar la responsabilidad de otros servidores públicos involucrados en este caso de corrupción.
Esta resolución judicial se llevó a cabo mediante procedimiento abreviado, luego de que el Agente del Ministerio Público especializado acreditara la culpabilidad de la persona imputada por el delito previsto en el artículo 334 fracción III del Código Penal del Estado de Durango1.
Según la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la empresaria recibió durante los meses de febrero a julio de 2023 diversos pagos ilegales del Gobierno municipal por casi un millón de pesos. Estos pagos se realizaron por concepto de servicios y suministros que la empresa Ferreaceros brindó al Ayuntamiento, sin cumplir con los requisitos legales para la contratación pública2.
La autoridad judicial le impuso a Mauricia Vaquera García el pago de 928 mil pesos por concepto de reparación del daño, así como una multa y una inhabilitación para participar en licitaciones públicas por un periodo determinado1.
La empresaria es familiar de la actual alcaldesa de Nazas, Gloria Treviño Rodríguez, quien también está siendo investigada por su presunta participación en este hecho de corrupción3. La Fiscalía Anticorrupción informó que las investigaciones continúan su curso para determinar la responsabilidad de aquellos servidores públicos municipales partícipes en este caso.