Es una deuda histórica que el gobierno federal arrastra de años atrás y que, pese a laudos laborales a favor de los trabajadores, no se pagan. Quizá la más significativa es a favor de los ex trabajadores y jubilados de las extintas Luz y Fuerza del Centro (LyF) y Ferrocarriles Nacionales de México (FFCC).
En entrevista, el hasta hace poco titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), Jaime Cárdenas, recuerda algunos de esos laudos que han salido a favor de los trabajadores ex ferrocarrileros. Califica la situación de “grave” y dice que la deuda asciende a unos mil millones de pesos.
Y advierte: “lo más grave es que la Junta Federal Número 5 que tiene los asuntos de Luz y Fuerza, está por resolver cerca de 2 mil laudos muchos de ellos no serán favorables a la institución”.
Específica que de esos 2 mil laudos “hay estudios actuariales de 600 o 700 laudos, estamos hablando que cada uno es de varios millones de pesos”.
Las autoridades argumentan que no hay dinero, pero son laudos que tienen que cumplirse. Cárdenas Gracia pone ejemplos de cientos de casos. “Uno de Hermosillo, Sonora ahí el monto es de más de 300 millones de pesos; hay un caso de Chihuahua y otro de Puebla de ferrocarriles, son tres que recuerdo”.
En el caso de Luz y Fuerza hay un asunto laboral con una señora, donde un Tribunal de Toluca falló a su favor y son cerca de 65 millones de pesos, está en ejecución: “son asuntos muy preocupantes”.
Informó que “hay un pasivo grande: se ha pedido dinero”, tanto a la Secretario de Hacienda, como a la Secretaría de Energía y Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero no hay respuesta”.
Recordó que su propuesta es “la posibilidad de una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública para que se pueda pagar con dinero del gabinete social estas obligaciones”.
Esa reforma apuntaría a que parte del dinero que el Indep tiene de las subastas de propiedades que han sido decomisadas a delincuentes “se pueda destinar al pago de laudos”.
Señala que para esos pagos “falta voluntad política, pero de alto nivel, no le corresponde al director de un Instituto, sino la voluntad política del propio presidente de la República. Es un asunto de jerarquizar prioridades”.
Ante ello el dirigente ferrocarrilero, Benito Bueno, adelanta. “No puede seguir así, la gente cada vez está más desesperada y si siguen sin hacernos caso, tomaremos las Juntas a nivel nacional para obligar a las autoridades a que respondan por esos laudos”.
Él es el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Industria Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros y Asociados de México e informó que tan solo en Chihuahua se tiene el expediente 1693/ 2009 “es un gran monto que se debe a 269 trabajadores y solo es un expediente y hay muchos más”.
Dice “estamos pugnando por un laudo desde hace 20 años, están resueltos, ganados y pese a ello no se les paga a los trabajadores. Hay colusión entre funcionarios de diferentes Juntas del país que siguen perjudicando a los trabajadores que obtuvieron beneficios y que no se les ha pagado”.
Señala que pese a las promesas del actual gobierno federal de que todo iba a cambiar y que, por ende saldrían esos pagos. Todo sigue igual. Son casos de “miles de ferrocarrileros que ya ganaron su jubilación”.
Pone un mínimo ejemplo “se tienen 6 amparos que los trabajadores han ganado y resulta que alevosamente la parte demandada, la empresa FFCC en liquidación, usó argucias legales para no pagar el juicio a los trabajadores”.
El tiempo corre y los representantes legales de lo que fuera FFCC de México se la han llevado de amparo tras amparo. Todo con tal de no pagar.
“La Junta Federal, acordó con los Juzgados de Distrito que los trabajadores sí tienen derechos por haber laborado más de 25 años y aun así no se les quiere pagar, además de que no han sido liquidados y sigue corriendo la antigüedad”. Y por lo tanto la deuda crece.
Las demandas de pagos por parte de los ex trabajadores, manejan varios conceptos. Por ejemplo hay casos de jubilados “donde se busca la nivelación de la jubilación: les dieron una jubilación muy pequeña”.
Es decir, no les pagaron lo que realmente les correspondía. Hay casos de jubilaciones de mil 536 pesos, “cuando realmente tenían derecho a una jubilación digna del 100 por ciento”.
El pago de su jubilación no se hizo “con el salario de los últimos 12 meses que laboraron”. Son cientos y cientos de casos similares o por otras causas que siguen reclamando su pagos.
El tema de la deuda y los laudos que han ganado los trabajadores y que, pese a estos, no se les ha querido pagar, lo recordó recién en su carta de renuncia a la dirección del Indep el propio Jaime Cárdenas.
Como Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, ahora Indep, este es depositario de los bienes que antes tenían a su cargo esas dos empresas: LyF y FFCC.
En esa carta se dolía “no contamos por el momento con liquidez para cumplir” y alertó que el Indep vive una “situación financiera crítica” por la deuda social que el Estado, guarda con esos ex trabajadores.
En lo que respecta a los trabajadores electricistas la situación de deudas es igual.
Según Jesús Sánchez, asesor jurídico del que se ostenta como Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Jorge Sánchez dicha deuda es mayor a los mil millones de pesos que dice Cárdenas y corresponde a “cláusulas de carácter social del Contrato Colectivo de Trabajo. Desde 1934 se han ido fondeando y ya son cantidades fuertes”.
“Al día de hoy tenemos mil 160 demandas. Para reclamar ese dinero tenemos dos vías: ante la institución que tiene los fondos y por la vía de las demandas. Tenemos instalados en la Junta Número 5, varias demandas respecto a los adeudos que no se han pagado”, dijo.
En total, según el abogado “son 60 mil trabajadores, muchos han fallecido, otros están jubilados y trabajadores en activo un poco menos”.
Por su parte el que fuera de 1997 a 2005 Secretario General del SME, Rosendo Flores Flores, habla en principio de una deuda de aproximadamente “18 mil millones de pesos. Esto es desde 2009 que se dio la extinción de la Compañía de Luz se presentaron los juicios y los han venido posponiendo”.
Las estrategia de los gobiernos anteriores y del actual “es no resolver para no pagar” y el Indep “se sigue amparando; son juicios individuales no hay demandas colectivas son juicios colocados en diferentes despachos”.
Han tenido entrevistas con el gobierno federal para tratar el tema, con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador por lo menos dos veces “y en estos dos años, cero respuesta”.
Lo mismo opina la Asociación de Jubilados de Luz y Fuerza, A. C. en voz de su asesor jurídico, Carlos Leyva Estrada. Recuerda “al inicio de la extinción de Luz y Fuerza, nosotros tramitamos varios juicios pues no se les liquidó conforme al tiempo de servicio y salarios de 2010”.
Se solicita el pago “de la diferencia de liquidación y de algunas prestaciones”. Lo mismo “han salido laudos a favor que no se pagan y el SAE (ahora Indep) tiene derecho a promover un amparo en contra del laudo”.
Sin embargo el resultado es que el tiempo pasa y todo sigue envuelto en líos jurídicos. Y opina lo mismo que los otros entrevistados: “hace falta voluntad política del gobierno” y recuerda por si el gobierno no lo sabe: “el no pago de los laudos ganados es indebido y tiene sanciones penales”.