Adriana Porras, presidenta de CANIRAC en Durango, advirtió que la posible implementación de la ley seca afectaría gravemente a restaurantes durante el fin de semana electoral. Llaman a las autoridades a ofrecer una respuesta clara y evitar una medida que consideran obsoleta
A unos días de la jornada electoral del domingo 1 de junio, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Durango alzó la voz ante la incertidumbre por la posible implementación de la ley seca, medida que, aseguran, afectaría directamente la operación y ventas de los restaurantes.
Adriana Porras, presidenta del organismo, señaló que el sector se encuentra en total expectativa, sin una confirmación clara por parte de las autoridades. “No sabemos qué esperar. Hemos enviado peticiones formales tanto a los medios como a las autoridades correspondientes para que nos apoyen y eviten aplicar esta medida”, expresó.
La empresaria explicó que la decisión de aplicar la ley seca definirá qué establecimientos podrán abrir y cómo deben prepararse logísticamente. “Si se impone la ley seca, muchos restaurantes tendrán que cerrar. La venta disminuirá considerablemente, afectando la economía del sector”.
Además, Porras calificó la medida como obsoleta y sin sentido, ya que, argumentó, el consumo de alcohol en restaurantes está regulado y controlado. “El verdadero problema está en los espacios privados donde no hay supervisión. La ley seca no detiene el consumo, solo limita la operación formal y daña a quienes sí cumplen con la ley”, indicó.
También destacó que esta disposición frena la posibilidad de aprovechar un fin de semana clave para el sector, en especial por eventos como la final de la Champions League, que genera alta afluencia en los establecimientos gastronómicos. “La venta no se evita; lo que se impide es la actividad económica formal. No podemos permitir que esto continúe sin una justificación real”, sentenció.
La CANIRAC reiteró su postura con una solicitud fundamentada y espera una respuesta pronta y clara. “Queremos sentir el respaldo de las autoridades. No pedimos privilegios, pedimos justicia para una industria que genera empleos y que, una vez más, puede salir afectada por decisiones que no atienden la realidad actual”, concluyó Porras.
