Gritos, consignas y una sesión interrumpida. El aumento al impuesto predial para 2026 detonó una protesta ciudadana sin precedentes recientes en el Cabildo de Durango, donde el reclamo no fue solo por el monto, sino por la forma en que se gobierna y se cobra
“No vamos a pagar”. La frase retumbó en el Cabildo antes de que iniciara cualquier orden del día. No fue un reclamo aislado ni una consigna improvisada: fue el estallido de una molestia acumulada. Cientos de ciudadanos llegaron este 22 de enero al Ayuntamiento de Durango con una certeza compartida: el aumento al predial cruzó una línea.
El Cabildo como escenario del descontento
La sesión de Cabildo se convirtió rápidamente en un espacio de confrontación social. Cada mención al alcalde o a algún regidor era respondida con abucheos, consignas y gritos de “fuera, fuera”. El rechazo fue frontal y generalizado. Para muchos asistentes, no se trataba solo de un impuesto, sino de una señal de desconexión entre autoridades y ciudadanía.
El incremento aprobado en la Ley de Ingresos 2026 —que en algunos casos alcanza hasta el 180% respecto a 2025— fue calificado por los manifestantes como abusivo, desproporcionado y ajeno a la realidad económica de los hogares duranguenses.
Una voz incómoda dentro del propio Cabildo
En medio del ruido y la tensión, la regidora del Partido del Trabajo, María del Socorro Páez Güereca, tomó una postura que la colocó en contraste con el resto del cuerpo edilicio. Recordó que fue la única en votar en contra de la Ley de Ingresos 2026 y presentó una propuesta para cancelar el incremento generalizado al predial.
Su argumento fue directo: los impuestos municipales no se reflejan en mejoras visibles. Calles en mal estado, bacheo con materiales de baja calidad, colonias sin infraestructura suficiente y servicios públicos que no corresponden al nivel de cobro. Incluso mencionó el Hospital del Niño, señalando que, pese a su vocación social, sigue siendo inaccesible para muchas familias.
A ello sumó un punto clave: el préstamo solicitado por el Ayuntamiento en noviembre pasado por 312 millones de pesos, del cual —afirmó— no existen informes claros sobre su aplicación. Sin transparencia, sostuvo, no hay confianza para pedir más dinero a la ciudadanía.
El argumento técnico detrás del enojo ciudadano
La protesta no se quedó en consignas. Antonio Bracho Marrufo, representante de un movimiento ciudadano que ya reúne más de 10 mil firmas en Change.org, subió a tribuna para explicar el fondo del problema. Según su análisis, el conflicto no está en el valor de las viviendas, sino en el nuevo método de cálculo del impuesto.
La Ley de Ingresos 2026 sustituyó el esquema tradicional del 2 al millar sobre el valor catastral por una tabla progresiva con rangos, cuotas fijas y tasas marginales. Para los inconformes, esta fórmula rompe con los principios de proporcionalidad y equidad fiscal, generando aumentos abruptos que no guardan relación con la capacidad real de pago.
Bracho Marrufo advirtió además de un “efecto acumulado”: aumentos en traslado de dominio, infracciones viales, parquímetros y otros derechos municipales que, en conjunto, presionan a familias y pequeños negocios. “No pedimos privilegios. Pedimos justicia y equilibrio”, resumió.
La respuesta oficial y el diálogo que no calmó los ánimos
Desde la presidencia municipal, el alcalde José Antonio Ochoa Rodríguez insistió en que Durango inicia el año con resultados: más de 70 mil contribuyentes cumplidos, 47 obras del Presupuesto Participativo en arranque, nuevas vialidades, parques y servicios reforzados. También pidió a los inconformes trasladarse a mesas de atención para aclarar dudas.
El secretario del Ayuntamiento, Bonifacio Herrera Rivera, explicó que cualquier propuesta con impacto presupuestal debe turnarse a la Comisión de Hacienda antes de volver al pleno. Procedimiento correcto, pero insuficiente para una audiencia que esperaba decisiones, no trámites.
Un cierre abrupto y una pregunta abierta
La sesión terminó sin respuestas concretas, entre abucheos y gritos de inconformidad. El Cabildo cerró, pero el conflicto quedó abierto. Más allá del predial, lo ocurrido dejó una imagen clara: cuando los impuestos crecen más rápido que la confianza, el descontento deja de ser silencioso y toma la tribuna.
