El aumento al impuesto predial en Durango abrió una grieta incómoda al alcalde Toño Ochoa: la ciudadanía reclama, los partidos se deslindan y los técnicos intentan explicar lo inexplicable para muchos bolsillos.

Entre propuestas de corrección, votos que hoy pesan y un modelo fiscal que cambió sin pedagogía pública, el debate ya no es solo cuánto se paga, sino quién responde por la decisión

Por Danny Medina

El enojo que obligó a escuchar

El incremento al Predialazo en Durango no cayó en el vacío. Llegó a casas, recibos y conversaciones cotidianas, y detonó un rechazo ciudadano que ya nadie puede ignorar. Movimiento Ciudadano, a través del regidor Pancho Franco, reconoció públicamente la inconformidad y marcó una línea: no justificar el aumento, sino atender el sentir social.

El reconocimiento no es menor. En política local, aceptar el error —o al menos el impacto— suele llegar tarde. Aquí llegó cuando el descontento ya se había instalado como tema público y como un nuevo revés para la administración municipal encabezada por el alcalde Toño Ochoa.

Dos tiempos para corregir lo que ya se cobró

Franco explicó que la bancada naranja plantea una ruta en dos etapas. A mediano plazo, una nueva iniciativa de Ley de Ingresos que haga los incrementos más progresivos y menos agresivos para las familias. En papel suena razonable, pero en la práctica implica algo más complejo: voluntad política en Cabildo y Congreso, donde el aumento ya fue avalado.

A corto plazo, la apuesta es más directa: modificar el programa “Ahorra es Cuando” para aplicar un descuento fijo del 50% en 2026, como medida de compensación. Incluso se propone que quienes ya pagaron con incrementos elevados reciban un saldo a favor en su próximo refrendo. Es, en los hechos, un intento de apagar un incendio fiscal con herramientas administrativas.

¿Se puede dar marcha atrás?

Desde Morena, el diputado Héctor Herrera fue más contundente: el aumento puede revertirse. Ya sea desde el Cabildo o mediante un subsidio, el “predialazo” —como ya se le conoce— no es una condena irreversible. La afirmación abre otra pregunta incómoda: si se podía corregir, ¿por qué se aprobó así?

Porque aquí aparece el dato que incomoda a todos los discursos posteriores: el aumento no fue obra exclusiva del PRI y el PAN. En Cabildo, Morena y Movimiento Ciudadano votaron a favor. En el Congreso, Morena, MC y PVEM hicieron lo mismo. La decisión fue mayoritaria y transversal. Nadie puede fingir sorpresa.

La explicación técnica: números que no tranquilizan

Para despejar dudas, el Colegio de Valuadores de Durango, encabezado por Juan Sánchez Carrillo, salió a explicar el componente técnico. El valor catastral aprobado para 2026 presenta una variación de entre el 3% y el 4%, con mayor impacto en propiedades de mayor valor.

Hasta 2025, el esquema era simple: una tasa del 2% al millar. Una casa con valor catastral de un millón de pesos pagaba alrededor de dos mil pesos. Con la nueva Ley de Ingresos, entra en vigor una tasa variable de entre 3% y 4% al millar, sin contar otros conceptos catastrales adicionales. El salto no es menor.

Fraccionamientos privados y servicios que no regresan

El impacto es más visible en fraccionamientos privados. Propietarios que ya pagaron costos elevados al adquirir sus lotes y que cubren de forma permanente mantenimiento, áreas verdes y seguridad privada. El contraste aparece al salir a la calle: servicios municipales que no siempre están a la altura de lo que se cobra.

Desde una perspectiva técnica —y también ciudadana— el impuesto debería guardar proporción con los servicios efectivamente recibidos. Cuando esa ecuación no cuadra, el cobro deja de percibirse como contribución y se siente como castigo.

Cuando nadie se hace cargo

El Colegio de Valuadores fue claro: su papel no es político. “Damos la cara como profesionistas”, señalaron, ofreciendo asesoría a la ciudadanía. Pero la sensación persiste: una decisión aprobada por mayoría, defendida a medias y corregida a destiempo.

El predial en Durango ya no es solo un tema fiscal. Es un recordatorio de lo que ocurre cuando la técnica se aprueba sin narrativa pública y la política reacciona solo cuando el recibo llega a casa. La pregunta que queda abierta no es si habrá ajustes, sino si alguien asumirá, de verdad, el costo de haberlos ignorado desde el inicio.