Durango aparece en investigación federal por presunto huachicol fiscal; no hay empresas locales bajo indagatoria
La FGR identifica al estado como uno de los destinos donde presuntamente se distribuía combustible importado de forma irregular, pero hasta ahora no existen cateos, aseguramientos ni investigaciones dirigidas contra compañías o autoridades duranguenses.
El nombre de Durango apareció dentro de una de las investigaciones federales más relevantes sobre presunto huachicol fiscal en México. Sin embargo, su inclusión en el expediente no significa, hasta este momento, que existan empresas locales, estaciones de servicio o funcionarios del estado señalados por participar en la supuesta red que investiga la Fiscalía General de la República (FGR), en la cual figura el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.
Las autoridades federales ubican a la entidad únicamente como uno de los puntos donde presuntamente terminaba parte del combustible que habría ingresado al país mediante un esquema irregular de importación, sin que ello represente por sí mismo la comisión de un delito por parte de actores establecidos en Durango.
Durango, señalado únicamente como destino de distribución
La investigación federal describe una presunta red de importación ilegal de combustibles cuyo centro de operaciones se localizaría fuera de Durango. De acuerdo con las indagatorias, el hidrocarburo tendría origen en refinerías ubicadas en Texas, desde donde era trasladado hacia la frontera mexicana para ingresar por cruces en Tamaulipas.
Posteriormente, el combustible habría sido movilizado mediante carros tanque ferroviarios y, una vez en territorio nacional, distribuido en autotanques hacia diversas entidades del país. Entre esos destinos aparecen Coahuila, Zacatecas y Durango.
Hasta el momento, la carpeta de investigación no identifica instalaciones dentro del estado donde se hubiera organizado el esquema, ni señala a empresas duranguenses como responsables de las operaciones investigadas.
Qué es el huachicol fiscal y cómo opera
A diferencia del robo tradicional de combustible mediante perforaciones clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), el llamado huachicol fiscal consiste en presuntas irregularidades durante la importación del hidrocarburo.
Según la hipótesis de la Fiscalía, el mecanismo habría permitido reducir ilegalmente el pago de impuestos mediante distintas estrategias, como declarar únicamente una parte del volumen realmente importado o registrar el producto bajo clasificaciones diferentes para disminuir las contribuciones fiscales correspondientes.
Este tipo de operaciones representa un daño directo a la recaudación tributaria y, de acuerdo con especialistas, suele involucrar complejas cadenas logísticas y comerciales que dificultan su detección.
Sin cateos ni aseguramientos en territorio duranguense
Hasta ahora, la Fiscalía General de la República no ha informado sobre operativos relacionados con esta investigación en Durango.
No existen reportes oficiales de cateos, aseguramientos de combustible, inmovilización de instalaciones, estaciones de servicio bajo investigación o personas detenidas en el estado por este caso.
Tampoco se ha comunicado la apertura de carpetas específicas contra empresarios, distribuidores o autoridades locales vinculadas con la presunta red.
Por ello, la referencia a Durango dentro del expediente federal debe entenderse únicamente como parte de la ruta de distribución que investiga la autoridad, sin que ello implique automáticamente responsabilidades penales para quienes operan en la entidad.
Una investigación de alcance nacional
El expediente es considerado uno de los más importantes abiertos por la FGR en materia de huachicol fiscal debido al volumen de combustible que presuntamente ingresó al país mediante mecanismos irregulares y al posible impacto económico ocasionado a la Hacienda Pública.
Además del presunto perjuicio fiscal, las investigaciones buscan determinar la estructura financiera, logística y empresarial que habría permitido la importación y posterior comercialización del combustible en distintas regiones del país.
Las diligencias continúan en desarrollo, por lo que las autoridades federales no descartan ampliar las líneas de investigación conforme avancen los análisis documentales, financieros y periciales.
El proceso aún está en desarrollo
La aparición de Durango dentro de la investigación no modifica, por ahora, la situación jurídica de empresas o particulares establecidos en la entidad.
Será únicamente conforme avance el proceso ministerial cuando la Fiscalía determine si existen nuevos elementos que permitan ampliar las indagatorias hacia alguno de los estados mencionados como destinos del combustible.
Mientras ello ocurre, las personas señaladas dentro del procedimiento mantienen su derecho a la presunción de inocencia y únicamente una resolución emitida por la autoridad judicial competente podrá determinar la existencia de responsabilidades penales mediante una sentencia firme.