Las pruebas sobre el financiamiento electoral de Odebrecht en 2012, que Emilio Lozoya entregó para no ser encarcelado, estaban en poder de la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) desde septiembre de 2018, según consta en un expediente obtenido por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En su denuncia de hechos, presentada ante la Fiscalía el 11 de agosto de 2020, Lozoya acusó al expresidente Enrique Peña y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haberle ordenado destinar el dinero aportado por Odebrecht en 2012 a pagar los servicios de 10 asesores electorales de la campaña del PRI en aquel año.
Lo que no contó –y que la Fiscalía ya sabe– es que para ocultar los pagos ilícitos provenientes de Odebrecht, el propio Lozoya acordó con los asesores políticos de la campaña presidencial la simulación de proyectos de extracción de oro, mineral de hierro y la explotación de yacimientos de carbón en Bolivia, Colombia y Argentina.
En los documentos obtenidos por MCCI hay cartas firmadas por al menos seis asesores de la campaña de EPN en las que refieren que los pagos serán por servicios para proyectos mineros en Sudamérica, y no por consultoría política.
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Las cartas fueron enviadas a Latin America Asia Capital Holding, una empresa de Lozoya creada en las Islas Vírgenes Británicas, y que era la receptora de los sobornos de Odebrecht. Con las cartas se justificaron transferencias millonarias a los asesores de Peña Nieto a través de una cuenta en el banco Gonet & CIE de Suiza. De esa forma, Lozoya habría intentado atajar la fiscalización de las autoridades tanto suizas como mexicanas, porque el dinero que ordenó transferir era para supuestos negocios y no para fines políticos. Esos fondos no fueron reportados al Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE), como gastos de campaña.
Además, de acuerdo con los documentos en poder de MCCI, ahora confirma que entre los asesores de Peña en 2012 estuvo el venezolano Juan José Rendón, conocido en Latinoamérica como el “rey de la propaganda negra”, y quien cobró 250 mil dólares a través de su empresa Tulum Investments Corporation, provenientes de la cuenta de Lozoya.
Las “revelaciones” de Lozoya
Para acogerse a beneficios legales, como una reducción de pena e incluso su posible libertad, Lozoya solicitó convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía, para lo cual se comprometió a entregar pruebas que demostraban la complicidad de otras autoridades en la trama de corrupción de Odebrecht.
Pero una parte de las pruebas que hasta ahora ha aportado ya estaban desde hace más de dos años en manos de la PGR y debieron ser entregadas a la actual Fiscalía, que encabeza Alejandro Gertz Manero.
Los documentos de las transacciones a favor de los asesores de la campaña de Peña fueron solicitados a las autoridades de Suiza desde septiembre de 2017, cuando el titular de la PGR era Raúl Cervantes, quien había fungido como abogado de Peña Nieto en la defensa de la elección de 2012.
En los documentos revisados por MCCI hay constancia de que Suiza entregó los documentos en septiembre de 2018, cuando al frente de la PGR ya estaba Alberto Elías Beltrán, quien había quedado como encargado de despacho tras la renuncia de Cervantes.
En el expediente suizo enviado en aquel entonces a la PGR hay un oficio fechado el 21 de junio de 2012, en el que una empresa ‘fachada’ del departamento de sobornos de Odebrecht enlista las siete transferencias por tres millones 150 mil dólares que había realizado durante la campaña presidencial a la cuenta en Suiza de Latin America Asia Capital Holding Ltd., propiedad de Lozoya.
“Por la presente confirmamos que los pagos enumerados a continuación corresponden al acuerdo firmado por Innovation Research Engineering and Development Ltd. (la empresa fachada de Odebrecht) y Latin America Asia Capital Holding”, dice la carta con la relación de las transferencias realizadas entre el 20 de abril y el 18 de junio de 2012.
Al respecto, Lozoya dijo a la Fiscalía en su denuncia de hechos del pasado 11 de agosto: “Tengo pleno conocimiento de que Odebrecht realizó las transferencias desde una empresa offshore denominada Innovation Research Enigneering and Development Ltd., a través de Meinl bank, banco ubicado en Antigua (Caribe) por un monto total de 3 millones 150 mil dólares”.
En su acusación detalló el involucramiento directo de Peña y de Videgaray: “Una vez que fueron recibidos dichos recursos, y previo aviso a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso, las instrucciones que recibí directamente por parte de Videgaray fueron las de realizar una serie de pagos a consultores en el extranjero. Para estos efectos, él me entregaba por escrito los datos en tarjetas escritas a máquina de escribir o a computadora, argumentando que no quería demoras ni contratiempos, pues tenía que rendir cuentas a Peña Nieto”.
Y a continuación, aportó la relación de pagos a asesores que parecían una revelación, pero que –ahora se sabe- las autoridades mexicanas conocían desde dos años antes.
Lozoya confesó a la Fiscalía que sólo transfirió a los asesores electorales el equivalente a 1.6 millones de dólares, y el remanente de 1.5 millones de dólares que había transferido Odebrecht en los días de la campaña se lo había quedado él.
Falsos proyectos mineros encubren asesoría electoral a Peña
En los expedientes que Suiza entregó a la PGR (hoy Fiscalía) hay seis documentos de los asesores electorales de la campaña de Peña, en las que justifican sus pagos como servicios por proyectos mineros que se ejecutarán en Sudamérica.
Uno de los documentos, que ampara el pago de hasta un millón de dólares, fue emitido el 1 de junio de 2012 por el asesor Mauricio Sánchez, y está dirigido a la empresa de Lozoya que recibía los sobornos de Odebrecht y que transfería los pagos a los asesores electorales.
“Estimados señores: La presente tiene como objetivo servir como un acuerdo para servicios relacionados con la búsqueda y adquisición de recursos minerales en Argentina en nombre de Latin America Asia Capital Holding Ltd.”, dice el escrito, el cual enumera las condiciones del convenio:
“1. Del primero de junio de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012, Latin American Asia Capital Holding contratará los servicios de Mauricio Sánchez.
“2. Durante el periodo del presente acuerdo, Mauricio Sánchez colaborará estrechamente para la obtención de oportunidades de inversión mineral en Argentina, en particular mineral de hierro, oro y yacimientos de carbón.
“3. En vista de los servicios descritos anteriormente, Latin America Asia Capital Holding Ltd. (la empresa de Lozoya) acuerda compensar a Mauricio Sánchez hasta por un monto de 1 millón de dólares estadounidenses. Los honorarios serán facturados y son pagaderos en un plazo de 30 días”.
En su denuncia ante la Fiscalía, Lozoya menciona a Mauricio Sánchez como uno de los asesores de la campaña de Peña, aunque el pago que refiere haberle realizado fue de 380 mil euros y no de 1 millón de dólares.
Y, efectivamente, en los documentos que la PGR recibió desde hace dos años aparece una orden de transferencia que el 13 de junio de 2012 fue realizada por la empresa de Lozoya a una cuenta en el Deutsche Bank, de Frankfurt, Alemania, a nombre de Mauricio Sánchez, por 380 mil euros.
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El concepto de ese pago aparece en el traspaso como “Servicios de abastecimiento de minerales Argentina”.
En bases de datos abiertas, de tal “consultor” llamado Mauricio Sánchez no existe referencia pública como consultor o actividad específica alguna.
Otra consultora con pago fachada: Chlopak Leonard Schechter (CLS), consultora con domicilio en Washington, emitió el 15 de marzo de 2012 una factura a la empresa offshore de Lozoya, por concepto de “Proyecto Oro Colombia”. El pago reclamado en esa fecha era de 168 mil 742 dólares, aunque luego sumó otros 104 mil 469 dólares.
En suma, esa consultoría cobró 273 mil 211 dólares, equivalentes a 3 millones y medio de pesos de aquellos días, por medio de dos transferencias desde Suiza al banco Wells Fargo, en San Francisco, California.
En su sitio en internet, esa consultora menciona que durante 20 años ha servido a clientes en seis continentes, incluidas grandes empresas y gobiernos de distintos países.
“Investigaciones gubernamentales, desafíos regulatorios y legislativos, litigios de alto riesgo, ataques de adversarios o competidores, CLS Strategies diseña soluciones para resolver los problemas más complicados. Hacemos lo que sea necesario para ayudar a nuestros clientes a ganar cuando más importa, en pasillos de gobierno, del mercado y en el tribunal de la opinión pública”, menciona en su sitio.
En la primera factura que emitió por sus servicios en la campaña de Peña, CLS incluyó una detallada relación de los gastos que dos de sus consultores habían realizado en tres viajes a México el 3 de octubre de 2011, el 30 de enero de 2012 y el 12 de marzo del mismo año.
Entre los consultores estuvo Peter Schechter, fundador del despacho CLS, quien en su currículum personal menciona haber sido asesor en jefe de varias campañas políticas de alto nivel en distintos países de América Latina, entre los que se cuentan México, Brasil, Colombia y Argentina. Sus tareas incluían la supervisión de la estrategia, encuestas, gestión de campaña, publicidad y relaciones públicas.
Otro de los despachos extranjeros que participó en la campaña es Bendixen & Associates, Inc., afincado en Miami, Florida, que cobró 50 mil dólares mediante una factura que tenía como concepto “Estrategia de medios Minería”.
El socio de esa consultora era Sergio Bendixen, fallecido en mayo de 2017, quien era experto en encuestas electorales. En los obituarios publicados en medios de Florida se menciona que fue el primer hispano en dirigir una campaña presidencial en Estados Unidos, en 1984.
En la campaña de Peña también participó International Strategic Solutions, Inc., un despacho de consultoría ubicado en Arlington, Virginia, que utiliza la razón comercial de Intermestic Partners.
La empresa offshore de Lozoya le pagó 35 mil dólares, a través de una cuenta en el PNC Bank, por concepto de servicios de asesoría “por proyecto Colombia”.
El fundador y director de ese despacho es Marco A. López Jr., un latino que hizo carrera política de la mano de Janet Napolitano.
A la edad de 22 años se convirtió en alcalde de Nogales, Arizona; luego, cuando Napolitano asumió la gubernatura de Arizona, lo integró a su equipo como director del Departamento de Comercio; y cuando Barack Obama la nombró a ella secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, invitó a López como jefe del departamento de aduanas y protección fronteriza.
Al concluir ese cargo fundó el despacho de Intermestic Partners. En su sitio en internet, menciona que se desempeñó como “asesor estadounidense de la exitosa campaña presidencial del presidente de México, Enrique Peña Nieto, en temas de seguridad fronteriza, comercio fronterizo y desarrollo económico”. También afirma asesorar a la Fundación Carlos Slim.
