Se manifiestan Conductores de Ube, Bolt y DiDi, además cuestionan el costo del registro en Durango

Los choferes de aplicación acudieron a la Subsecretaría de Transporte para reclamar que el nuevo esquema suma pagos, trámites y obligaciones que, aseguran, reducen todavía más la rentabilidad de trabajar mediante plataformas digitales.

El problema para los conductores de Uber y DiDi en Durango no es registrarse. El problema, sostienen, es cuánto les está costando hacerlo. Mientras las autoridades avanzan en la regulación del transporte mediante plataformas digitales, los operadores empiezan a hacer cuentas y encuentran que cada vez queda menos dinero después de pagar combustible, mantenimiento, seguros, impuestos, comisiones y ahora también los nuevos requisitos administrativos.

Por eso acudieron a la Subsecretaría de Transporte. No para rechazar de entrada el empadronamiento de sus vehículos, sino para cuestionar las condiciones económicas que deben cumplir para continuar trabajando.

Entre los operadores que acudieron a manifestar su inconformidad se encuentra Rafael Galván, conductor de una unidad de plataforma en Durango, quien planteó que el debate no debería reducirse a la existencia de un descuento temporal para realizar el trámite.

El descuento no resuelve el problema de fondo

Uno de los principales puntos de molestia es el costo del registro, que ronda los 4 mil 862 pesos.

La autoridad ofrece actualmente un descuento, pero para los conductores esa reducción no elimina la preocupación. El argumento es sencillo: si el pago representa un esfuerzo considerable hoy, volverá a representar un problema cuando termine el beneficio y tengan que cubrir nuevamente el costo establecido.

“Sí, ahorita tienes descuento, pero en un año ya no lo voy a tener”, expusieron los operadores.

La discusión, entonces, no está únicamente en cuánto cuesta registrarse ahora, sino en cuánto costará mantenerse dentro del esquema de regulación durante los siguientes años.

Para un conductor que utiliza su automóvil como fuente de ingreso complementaria o que trabaja determinadas horas del día, desembolsar varios miles de pesos por un trámite adquiere otra dimensión. No se trata solamente de un pago administrativo: es dinero que sale directamente de una actividad cuya rentabilidad ya está condicionada por numerosos gastos.

La licencia tipo C abre otro frente de inconformidad

A ese pago se suma la exigencia de contar con una licencia tipo C, requisito que tampoco convence a los operadores.

Los conductores cuestionan que sus vehículos fueron adquiridos y registrados originalmente como automóviles particulares, mientras que ahora deben cumplir con condiciones propias de una actividad de transporte público.

La inconformidad también alcanza al seguro. Los operadores consideran que obtener una licencia diferente no necesariamente resuelve las dudas que existen sobre la cobertura de las pólizas vinculadas con las plataformas en caso de accidente.

Para ellos, la pregunta es concreta: si ya existen mecanismos de aseguramiento a través de las aplicaciones, ¿qué problema específico soluciona agregar otra obligación administrativa?

Trabajar en plataformas cuesta cada vez más

El reclamo adquiere mayor peso cuando se observa el conjunto de gastos que enfrenta un conductor.

Cada viaje genera ingresos, pero de ese dinero deben salir la comisión de la plataforma, combustible, mantenimiento, depreciación del vehículo, seguro e impuestos. A ello se agregan ahora el registro y las obligaciones relacionadas con la regulación del servicio.

Los operadores también señalan el impacto de las obligaciones fiscales y de seguridad social derivadas de su actividad.

“Cada vez es menos rentable la operación de estas unidades”, resumieron.

La frase explica buena parte de la inconformidad. El debate ya no consiste únicamente en si Uber y DiDi deben ser regulados, sino en cuánto puede cargar la autoridad sobre trabajadores que dependen directamente de los viajes realizados para recuperar sus gastos.

La cuenta que preocupa a los conductores

El verdadero problema aparece cuando se hace la cuenta completa.

Un automóvil no solo consume gasolina. También pierde valor, necesita mantenimiento, requiere seguro y genera gastos incluso cuando permanece estacionado. Si además se agregan impuestos, comisiones, registro y licencias, el margen disponible para el conductor se reduce.

Por eso los operadores piden que la discusión no termine en un descuento temporal.

La inconformidad presentada ante la Subsecretaría de Transporte coloca sobre la mesa una pregunta que irá adquiriendo mayor importancia conforme avance la regulación: ¿cuánto puede costar cumplir con todos los requisitos antes de que trabajar mediante una plataforma deje de ser rentable?

Para los conductores, esa frontera podría estar más cerca de lo que parece. Y si las cuentas dejan de cuadrar, algunos tendrán que decidir entre absorber los nuevos costos o simplemente dejar de manejar para las plataformas.