José Alberto Bustamante Curiel deberá pagar más de un millón de pesos por desvío de recursos etiquetados para comunidades indígenas.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango logró que José Alberto Bustamante Curiel, exsubsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración durante la administración estatal 2016-2022, fuera condenado a 7 años de prisión por el delito de Uso Indebido de Atribuciones y Facultades. La sentencia incluye el pago de 992 mil pesos por la reparación del daño y una multa de 52 mil 284 pesos.
El esquema de corrupción
Según la investigación presentada durante el juicio oral, Bustamante Curiel utilizó su posición para ordenar una transferencia indebida por 992 mil pesos, fondos que estaban etiquetados bajo el programa de Registro e Identificación de Población para el ejercicio fiscal 2022.
Estos recursos estaban destinados a garantizar el derecho a la identidad de comunidades indígenas y fortalecer el Registro Nacional de Población. Sin embargo, en lugar de ser asignados a la Dirección General del Registro Civil, se desviaron para un propósito no especificado.
El exfuncionario, autorizado para operar movimientos en las cuentas bancarias estatales, violó el acuerdo celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno de Durango, que estipulaba un uso específico para los fondos.
La Fiscalía, a través de análisis periciales y pruebas contundentes, demostró la intención deliberada del acusado para desviar el dinero público.
Juicio y sanción
El caso fue resuelto en juicio oral, donde el Agente del Ministerio Público Especializado presentó pruebas que acreditaron la culpabilidad de Bustamante Curiel.
El fallo del Juez de Control y Enjuiciamiento sentó un precedente en el combate a la corrupción en el Estado de Durango, resaltando la importancia de castigar severamente a quienes malversan recursos públicos.
Impacto social y político
Este desvío afectó un programa crucial para las comunidades indígenas, cuyo objetivo era proporcionar acceso a actas de nacimiento y servicios básicos de identidad. La desviación no solo dañó el presupuesto estatal, sino que también truncó el desarrollo de una población históricamente vulnerable.
La Fiscalía General del Estado de Durango destacó que este caso refleja su compromiso en la lucha contra la corrupción, garantizando que los recursos públicos sean utilizados conforme a su propósito original.
