México 01 de Octubre 2024 – 10:00 CST
Este 1 de octubre será un día de descanso obligatorio en México debido al cambio de gobierno, marcando un precedente que se repetirá cada seis años. Esto se debe a la reciente reforma al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que establece oficialmente el 1 de octubre como feriado, sustituyendo al 1 de diciembre, que era el día reconocido para la toma de protesta presidencial desde 2014.
¿Por qué el cambio?
El cambio en la fecha del traspaso de poder se realizó para reducir el tiempo entre la elección presidencial y la toma de protesta. Antes de la reforma, había un intervalo de casi seis meses entre ambos eventos, lo que complicaba la elaboración del presupuesto para el primer año del nuevo gobierno. Con la toma de posesión en octubre, el próximo presidente o presidenta —en este caso, Claudia Sheinbaum— tendrá más tiempo para preparar su propuesta de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, permitiendo una mejor coordinación con el Congreso.
Descanso obligatorio y sanciones
La reforma no solo establece el 1 de octubre como feriado, sino que también incluye disposiciones claras para los trabajadores que laboren ese día. Según el artículo 75 de la LFT, quienes trabajen el 1 de octubre tienen derecho a recibir el pago doble por el servicio prestado, además de su salario correspondiente por ser un día de descanso obligatorio.
En caso de que un empleador no cumpla con este mandato, se exponen a multas que pueden oscilar entre 5,187 y 518,700 pesos, dependiendo de la gravedad de la falta. Esto refuerza la protección de los derechos laborales y garantiza que todos los empleados puedan disfrutar de este nuevo feriado o ser compensados adecuadamente si deben trabajar.
Una tradición que comenzó en 1970
La idea de declarar el día del cambio de gobierno como feriado obligatorio no es nueva. Desde 1970, el 1 de diciembre fue designado como día de descanso cuando se promulgó por primera vez esta disposición. Sin embargo, la reciente reforma refleja la necesidad de ajustar los tiempos para facilitar la transición gubernamental, adaptando la legislación a las nuevas realidades políticas y administrativas del país.
