El beisbolista mexicano Julio Urías, quien juega para los Dodgers de Los Ángeles en las Grandes Ligas, enfrenta un proceso legal por violencia doméstica en Estados Unidos, que podría afectar su carrera deportiva y su imagen pública.
Urías fue arrestado el pasado 30 de agosto en Los Ángeles, acusado de agredir físicamente a su pareja en un estacionamiento. El lanzador de 25 años fue liberado bajo fianza y se declaró inocente de los cargos.
Este no es el primer problema que tiene Urías con la ley, pues en 2019 fue señalado por el mismo tema y recibió una suspensión de 20 juegos por parte de la MLB, que tiene una política de tolerancia cero ante la violencia doméstica.
Mientras el caso se trata bajo las leyes de Estados Unidos y la MLB, en México, la LMB y la LMP no hacen públicos sus estatutos ante este tipo de faltas. Tampoco es el único caso de un beisbolista mexicano con acusaciones de este tipo, pues Sergio Mitre, exjugador de los Yanquis de Nueva York y los Marlines de Florida, fue acusado de feminicidio en 2020.
Ante esta situación, surge la pregunta de si las ligas mexicanas tienen un código de ética o conducta que regule el comportamiento de sus jugadores dentro y fuera del campo, y qué medidas tomarían ante casos como el de Urías.
El Economista consultó a los presidentes Horacio de la Vega (LMB) y Carlos Manrique (LMP) sobre si aceptarían alguna solicitud de sus equipos para integrar a Julio Urías en el béisbol mexicano y ambos prefieren esperar a que se resuelva primero su situación legal en Estados Unidos.
Horacio de la Vega (20 de septiembre): “Te diría que no, hay que ser corresponsables. Hemos tenido pláticas en el seno de la Asamblea. Julio tiene que pasar su proceso y estaremos atentos para saber la determinación de Grandes Ligas y de nuestra parte, no existe alguna posibilidad de se pueda incorporar a la LMB en fechas recientes”.
Carlos Manrique (21 de septiembre): “Nosotros estamos sujetos a lo que diga Grandes Ligas. Si Grandes Ligas lo suspende o lo inhabilita, nosotros también lo hacemos. Si Grandes Ligas lo libera o lo exonera, nosotros también lo hacemos. No podemos ir más allá ni más acá”.
Sin embargo, ambos directivos reconocieron que es necesario tener un protocolo claro y transparente ante estos temas, que involucran no sólo a los jugadores, sino también a sus familias, a sus equipos y a sus aficionados.
Valeria Baltazar, investigadora forense que participó en el juicio de Sergio Mitre, explica a El Economista que si las ligas no tienen un código de conducta que tome en consideración las amonestaciones en las que incurran los jugadores por violencia doméstica o familiar, son parte del problema.
“Si no hay pronunciamientos sobre este tipo de condiciones de violencia que ocurren en el ámbito privado significa algo más grande, porque abarca la indolencia, la justificación, el no intervenir, la indiferencia. Si en los códigos de ética no viene como tal el concepto ‘violencia doméstica’ se puede decir ‘violencia familiar’ así se clasifica en México. Si no, tendrían que decir que la violencia no es tolerada en caso de que los jugadores incurrieran en un acto de violencia”, señala Baltazar.
La especialista considera que las ligas deben tener una responsabilidad social con sus jugadores y con la sociedad, y ofrecerles apoyo psicológico y terapéutico para prevenir o atender estos casos.
“Los jugadores son figuras públicas que tienen una influencia social muy grande. Si ellos cometen actos violentos y no hay consecuencias ni sanciones por parte de las ligas, se está mandando un mensaje muy negativo a la sociedad. Se está normalizando la violencia y se está minimizando el daño que se le hace a las víctimas”, afirma Baltazar.
El caso de Julio Urías es un ejemplo más de cómo la violencia doméstica o familiar es un problema social que trasciende el ámbito deportivo y que requiere de una atención integral y una acción conjunta de las autoridades, las ligas, los equipos, los jugadores y la sociedad.
