En el caso de Rosario Robles siguen apareciendo “joyas”. Como titular de la Secretaría de Desarrollo, Territorial y Urbano (Sedatu), Robles ordenó a personal bajo su cargo evitar suscribir convenios con entes públicos, mecanismo que fue utilizado durante su gestión para desviar millones de pesos del erario, de acuerdo con la Fiscalía General de la República.

Dicha instrucción consta en el oficio I.100.A/OS/2017, fechado el 26 de enero de 2017 y dirigido a sus subsecretarios y al Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, en el que enfatiza que aunque no es ilegal se evite su uso.

“Se les instruye con el propósito de que en el ejercicio fiscal 2017, se adopten las medidas necesarias para que se evite suscribir convenios con entes públicos al amparo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, girando las instrucciones pertinentes al personal bajo su cargo para que se evite realizar pagos bajo esta figura jurídica”, expone el escrito.

Sin embargo, este documento se da, luego de que en 2016 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la Sedatu por presuntos desvíos superiores a mil 747 millones de pesos, debido al uso de este mecanismo.

De acuerdo con la acusación de la FGR, durante la gestión de Robles como titular de dependencias federales, fueron entregados contratos millonarios a universidades y televisoras públicas para realizar servicios, las cuales a su vez empleaban, sin licitación, a empresas privadas que, posteriormente se supo, eran fachada.

En el oficio emitido por la oficina de la secretaria, Robles también instruye a su personal bajo su cargo que en el ejercicio presupuestal de ese año (2017), sólo “en casos ineludibles y debidamente justificados”, sea utilizado este mecanismo.

“Con base en las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación, les solicito que en el presente ejercicio presupuestal, y aun cuando las contrataciones, al amparo del artículo 1 de la ley antes mencionada, constituyen un mecanismo legal para la Administración Pública Federal, solamente podrán llevarse a cabo en casos ineludibles y debidamente justificados, formalizando exclusivamente aquellos necesarios para el estricto cumplimiento de las labores institucionales a cargo de esta Secretaría, en la inteligencia que deberán cumplirse los requisitos que para el caso establece la normatividad aplicable en la materia, así como las disposiciones presupuestarias correspondientes”.

“Lo anterior, por tratarse de una recomendación expresa del órgano fiscalizador mencionado, por lo que le instruyo se tomen las providencias, a fin de que los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operativas y sustantivas de esta Secretaría, se contraten bajo los diversos procedimientos que contempla la ley de la materia, evitando utilizar los procedimientos de excepción”, detalla el oficio.

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De acuerdo con fuentes de la FGR, en el momento en que llegue al juicio, la defensa de Robles podría utilizar este documento para intentar desvirtuar la acusación en su contra por uno de los dos cargos de ejercicio indebido del servicio público, en su modalidad de omisión, que pesan en su contra.

Robles está denunciada por lo establecido en la fracción III del artículo 214 del Código Penal Federal:

“Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal centralizada, organismos descentralizados, empresa de participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, de empresas productivas del Estado, de órganos constitucionales autónomos, del Congreso de la Unión o del Poder Judicial, por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades”.

El despacho Epigmenio Mendieta & Abogados, a cargo de la defensa de Robles, podría argumentar que con este oficio dirigido a sus subalternos, intentó evitar, “dentro de sus facultades”, el presunto quebranto al erario desde la Sedatu.

Pero antes de llegar al juicio, en poco más de una semana, se llevará a cabo la audiencia intermedia, en la cual, el Ministerio Público de la Federación presentará la acusación formal, de forma oral, en contra de Robles.

En dicha audiencia, la ex titular de Sedesol y Sedatu podría declararse culpable y aceptar el procedimiento abreviado que incluye beneficios como imposición de una pena mínima.

Sin embargo, de acuerdo con su defensa legal, Robles decidió no aceptar su culpabilidad, ir a juicio y combatir los argumentos de la FGR, que busca una pena de 21 años de prisión.

A este documento se sumaría el acta de entrega-recepción de la Secretaría de Desarrollo Social (Social), en la que informaron al titular entrante, José Antonio Meade, los pliegos de observación de la Auditoría Superior de la Federación pendientes por solventar y que contendrían las posibles irregularidades.

Durante la audiencia de vinculación a proceso, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna calificó dicho dato de prueba de la defensa de Robles de una “joya”, pues aseguró que “no lo trajeron por casualidad”.

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